Marco Legal y Normativo

El tratamiento de datos personales relacionado con el sitio web se encuentra sujeto a la Ley para la Protección de Datos Personales, emitida mediante Decreto Legislativo número 144, de fecha 12 de noviembre de 2024, publicada en el Diario Oficial número 219, Tomo número 445, del 15 de noviembre de 2024, actualmente vigente.

Este régimen exige que el tratamiento sea legítimo, informado, transparente, proporcional a la finalidad y protegido mediante medidas de seguridad. La normativa exige informar previamente al titular mediante un aviso de privacidad consistente con la política de privacidad, facilitar el ejercicio de los derechos ARCO-POL y establecer mecanismos para la revocación del consentimiento cuando éste sea la base jurídica aplicable.

El marco se complementa con las Políticas de Actuación y Manejo de Datos Personales emitidas por la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) en 2025 y con los Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial número 146, Tomo número 452, del 11 de agosto de 2026, que desarrollan el perfil, nombramiento, funciones y obligaciones relacionadas con el Delegado de Protección de Datos Personales.

La Ley de Comercio Electrónico, emitida mediante Decreto Legislativo número 463 y publicada en el Diario Oficial número 27, Tomo número 426, del 10 de febrero de 2020, establece el marco de las relaciones electrónicas de índole comercial o contractual realizadas por medios digitales. Entre sus principios se encuentran la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica y la no repudiación.

Su aplicación debe determinarse según la relación concreta. La propia Ley de Comercio Electrónico excluye de su ámbito las relaciones entre proveedores y consumidores reguladas por la Ley de Protección al Consumidor. Por ello, no debe afirmarse que toda interacción electrónica del sitio web queda sometida indistintamente a ambos cuerpos normativos.

Mientras el sitio web mantenga una función meramente informativa y de soporte, la existencia del sitio no equivale por sí misma a una contratación electrónica. Si se habilitan en el futuro funciones de contratación, pago o adquisición de bienes o servicios, deberán implementarse los requisitos jurídicos correspondientes a esa modalidad.

Cuando exista una relación entre un proveedor y un consumidor final, resultará aplicable la Ley de Protección al Consumidor, emitida mediante Decreto Legislativo número 776 y publicada en el Diario Oficial número 166, Tomo número 368, del 8 de septiembre de 2005, junto con sus reformas vigentes.

La Ley de Firma Electrónica fue emitida mediante Decreto Legislativo número 133, publicado en el Diario Oficial número 196, Tomo número 409, del 26 de octubre de 2015, y ha sido reformada, entre otros, por el Decreto Legislativo número 100, publicado en el Diario Oficial número 148, Tomo número 432, del 6 de agosto de 2021, y el Decreto Legislativo número 481, publicado en el Diario Oficial número 175, Tomo número 436, del 20 de septiembre de 2022.

La normativa reconoce efectos jurídicos a las firmas electrónicas y regula, con requisitos diferenciados, los mecanismos previstos por la ley. Por ello, una contraseña, un código de verificación, un clic de aceptación o cualquier otro mecanismo de autenticación no debe describirse automáticamente como una firma electrónica certificada; su calificación jurídica dependerá de sus características y del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Las relaciones contractuales vinculadas a Full Flota se regirán, según su naturaleza, por las normas especiales aplicables y, de forma complementaria cuando corresponda, por el Código de Comercio y el Código Civil de la República de El Salvador en materia de formación, interpretación, ejecución y cumplimiento de obligaciones.

Los documentos publicados en el sitio web deben mantenerse coordinados con los contratos y términos específicos de la aplicación, evitando atribuir al sitio funciones transaccionales que no realice efectivamente.

Las actividades de depósito, transporte, distribución, comercialización y demás operaciones reguladas relativas a productos de petróleo se encuentran sujetas a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, su reglamento y las disposiciones administradas por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), en la medida en que la actividad concreta quede comprendida en dicho régimen.

La publicación de información sobre Full Flota en el sitio web no confiere por sí misma autorizaciones sectoriales ni debe utilizarse para atribuir a DLC una calidad regulatoria, licencia o función en la cadena de suministro que no pueda acreditarse conforme a la operación real.

La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, Decreto Legislativo número 143, de fecha 12 de noviembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial número 219, Tomo número 445, del 15 de noviembre de 2024, establece un régimen dirigido a los sujetos comprendidos en su artículo 2, entre ellos entidades que administren recursos públicos, bienes del Estado, ejecuten actos de administración pública o tengan incidencia en infraestructuras críticas de la nación.

Por tanto, la sola condición de empresa privada que opera un sitio web no permite afirmar automáticamente la aplicación integral de esta ley. Independientemente de ello, DLC sí debe cumplir las obligaciones de seguridad de datos personales que deriven de la Ley para la Protección de Datos Personales y de las demás normas que resulten aplicables.

Este marco normativo tiene carácter informativo y no sustituye la Política de Privacidad y Protección de Datos del Sitio Web Full Flota, el consentimiento que corresponda para tratamientos específicos, los Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web, los términos propios de la aplicación móvil ni los contratos celebrados con clientes, proveedores u otros participantes del servicio.